La reciente actuación de la Guardia Civil desarticulando la última trama urbanística del extrarradio en Chiclana de la Frontera, en la operación denominada YATE, pone de manifiesto muchas de las denuncias realizadas por este colectivo.
Especialmente, cuando aseguramos que el problema de las viviendas irregulares también incluyen a los promotores, constructores, intermediarios, notarios, técnicos, registros y entidades financieras que han conseguido dar figura legal a unas viviendas que luego los afectados adquirieron, mientras que la Administración local y autonómica miraba para otro lado, sin los controles efectivos.
Las últimas medidas y actuaciones encaminadas a desarrollar mejor los controles urbanísticos son todavía a nuestro juicio, insuficientes.
Ahora esa misma Administración, desarrolla una Regularización en el que todos los costes de aprovechamiento urbanísticos, están impuestos solo al que compró legalmente con las Tasas de escritura e Impuestos de transmisiones correspondientes. Una vez más, las víctimas son los últimos usuarios.
Por ese motivo nos congratulamos ante lo que puede ser la punta de un iceberg de más actuaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad y animamos a que continúen en su esfuerzo.
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